Algunos de los objetivos de la universidad pública son educar, formar profesionales, generar y difundir conocimiento a partir de la investigación, producir ciencia y cultura, todo ello en aras de contribuir al desarrollo de la sociedad. Con el tiempo la universidad pública se ha convertido en pieza clave para el desarrollo y crecimiento local, hecho por el cual ha sido trastocada en múltiples ocasiones por intereses políticos que se han apropiado de su estructura organizacional, recursos humanos y financieros. La figura legal que ha logrado contrarrestar esta intromisión es la autonomía, que es un atributo reconocido por el Estado que permite la autorregulación de la vida universitaria, a partir de normas y órganos de gobierno propios; de esta forma las universidades públicas poseen la facultad de tener sus propias normativas, ley orgánica, planes y programas de estudio, así como la posibilidad de designar a sus autoridades y administrar su patrimonio. La autonomía universitaria como tal, es el resultado de una lucha histórica que tiene su origen en México en el año de 1917, con el decreto que reconocía una autonomía híbrida a la Universidad Michoacana de San Nicolás, posteriormente el modelo fue retomado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1923, aunque en ambas situaciones no fueron cumplidos cabalmente, el modelo sirvió como base para construir la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929, la cual marcó significativamente la vida de la educación universitaria en nuestro país (1). Posteriormente la autonomía universitaria se consolidó en 1980 con su elevación a rango constitucional.
En la actualidad el debate respecto a la autonomía universitaria, es si ésta es sincrónica o asincrónica al modelo educativo neoliberal, pues ha mostrado debilidades en diversos contextos que han permitido la construcción de un estado universitario autoritario, el autogobierno de un grupo por encima del interés general e incluso la renta/venta de sus recursos, su espacio y la generación de conocimiento a favor de la iniciativa privada por encima del interés público. Lo que sin duda es cierto es que en muchas universidades públicas existe una interpretación muy acotada de la autonomía, centrada en la no intervención de agentes externos en la vida universitaria -como la policía-, lo cual ha llevado entre otras cosas a la pérdida de democracia interna y libertad de pensamiento, así como a la subordinación a intereses privados o grupos políticos. Al contrario, la noción de autonomía conlleva a que la universidad esté inmersa en los procesos de desarrollo del país, lo que implica “ampliar la esfera pública en la sociedad y coadyuvar a la salida de la crisis nacional” (2).
La democracia como forma de gobierno interno en la vida de las universidades no solo concierne a la elección de sus autoridades, va más allá de lo electoral y tiene que ver con formas, arreglos y prácticas colegiadas para la consecución del objetivo universitario. Cuando la democracia sólo es una idea a la que se aspira y no rebasa el nivel abstracto, las universidades solo reflejan la perversión política de sus grupos dominantes. En las universidades estatales esto es muy común, pues el reparto del poder interno depende del partido político que gobierne la capital. Desde su rector hasta los directivos de facultad son nombrados por el ejecutivo en turno, ya sea por cubrir una deuda política o para sucumbir al vaivén mediático. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), hasta hace poco tiempo era ejemplo de ello, facultades como derecho y criminología fueron incubadoras de gobiernos priistas caracterizados por su fuerte corrupción, por lo que su rector y directores eran nombrados por el gobernador y obedecían a sus intereses. Para nadie es un secreto la afinidad priista en la historia de la UANL.
Legado de ello es que en pleno 2020 y con la pandemia encima -en concordancia con el tiempo- la UANL sigue mantenido la arcaica estructura organizacional que permite la nula transparencia en la elección de su rector y directores, asimilando un colegio electoral priista dónde sólo hay cabida para la élite local. Lo peligroso de ello es que ésta élite tiene una gran influencia del empresariado local, al grado que está imponiendo su lógica mercantil en la UANL tanto en el sistema organizacional como en la generación de conocimiento, lo cual se refleja en su sistema de gestión caracterizado por la evaluación del desempeño a partir de indicadores de calidad, así como en el encaminamiento de la educación y la investigación a intereses privados. No se diga de sus cuotas escolares que se encuentran entre las más altas en las universidades públicas del país.
En el mismo sentido la vida cotidiana de la UANL no está exenta de los efectos negativos de dicho legado, pues diversas problemáticas han afectado a sus estudiantes, profesores e investigadores, en los cuales la indiferencia del rector y de los directores se ha mantenido constante, por ejemplo, un número indeterminado de mujeres que estudian en dicha universidad han sufrido de acoso sexual por parte de sus profesores y ninguno de ellos a la fecha ha sido sancionado. De la misma forma profesores, investigadores y personal administrativo han sufrido acoso laboral por parte de sus directores y ninguno de ellos a la fecha ha recibido sanción conforme reglamento, al contrario, se les ha protegido con el silencio, revictimizando al afectado y en muchas ocasiones para terminar el problema se han rescindido contratos, violentando con ello la ley del trabajo. Filosofía, Derecho, Psicología y Trabajo Social son algunas de las Facultades que han sido denunciadas por acosar, violentar y discriminar a su personal académico y administrativo.
La autonomía universitaria y la democracia interna son principios que conciernen a todas estas problemáticas; no podemos entenderlas como una abstracción y ser indiferentes a estas situaciones. Por tanto, es necesario abrir el debate respecto a estos temas para no seguir cayendo en el error de circunscribirlas a la no intromisión y los procesos electorales. Muchas universidades han apostado por anular la verticalidad y abrir la toma de decisiones en forma horizontal, hacer transparente y participativa la elección de su rector y directores, así como crear órganos colegiados para la solución de sus problemas. En la UANL se han dado acciones aisladas de este tipo tanto de profesores como de estudiantes, sin embargo siempre han sucumbido ante el miedo que implica ir contra corriente. Contrario a ello, el rector de la UANL ha cerrado más su consejo universitario para contar con sus más fieles seguidores, lo que le ha garantizado un “señorío” perfecto, ejemplo de ello es que para “calmar” el creciente problema de acoso y violencia en contra de las mujeres, creó instancias como UniiGénero que sólo han servido para contener los problemas en lugar de darles solución, de la misma forma ha logrado fortalecer el sistema feudal de las facultades nombrando directores a modo; lo que representa la continuidad de su zona de confort en este último año de su gestión, menospreciando con ello, los derechos de sus estudiantes y trabajadores.
Los profesores, investigadores, personal administrativo y estudiantes estamos a tiempo de crear las condiciones para debatir y aterrizar el principio de autonomía y democracia interna, creando colegios de profesores, cuerpos administrativos y una alianza independiente de estudiantes, donde se permita la libre expresión y la circulación de ideas. Ante la cerrazón de la cúpula universitaria de abrir la democracia, debemos convertir el aula en el espacio donde circule el espíritu libre, creador y crítico para transformar la UANL. Tenemos la responsabilidad por tanto, de crear nuevas estructuras y modelos de participación para el logro de consensos, acuerdos y negociaciones que permitan cumplir el objetivo de la universidad pública. La comunidad del conocimiento no puede -y no debe- seguir con una estructura organizacional donde no se permita su participación en la toma de decisiones, pues sería contradictorio que el mismo conocimiento que genera no sea utilizado para la construcción de su bienestar.
(1) Olvera G, Jorge, Piña L., Hiram Raúl, & Mercado M., Asael. (2009). La universidad pública: autonomía y democracia. Convergencia, 16(51), 301-321.
(2). Muñoz, G. Humberto (2010). La autonomía universitaria. Una perspectiva política. Perfiles educativos. Vol. XXXII, 95-107.
Comentarios recientes