Durante los últimos años se ha venido señalando de manera recurrente la presencia de una crisis universitaria; sin embargo, ésta ha sido manifestada generalmente desde una visión hegemónica indicando elementos que visualizan de manera parcial a la misma: se habla de… “crisis económica” o “crisis de autonomía”. Empero, no se tematiza una eventual ”crisis de legitimidad” en relación a su papel en el desarrollo de la sociedad y, con ello, la responsabilidad social adquirida desde su origen. Algunos intelectuales, como Susana Cazzaniga y Boaventura de Sousa Santos, han apuntado a la “crisis de legitimidad” que afecta a la universidad pública actual, consideran que dicha crisis está asociada con la pérdida de hegemonía en torno a su papel en la construcción de la sociedad.
La creación de la universidad pública por el Estado y sostenida por el erario, ha sido uno de los sucesos históricos más relevantes, que subyace a la sociedad moderna y al proyecto de nación; en especial porque su función principal consiste en la producción de conocimiento científico y en brindar de acceso a la educación superior a aquellos grupos que por sus condiciones sociales y/o su posición económica no logran ingresar a la misma por sus propios medios. Otra función de esta institución es incentivar la participación social y política, estimular la capacidad de análisis crítico, profundizar la comprensión de problemáticas sociales e impulsar un sólido compromiso ético con la sociedad, especialmente en la construcción de ciudadanía y con ello mayor democracia. Es así como la universidad pública puede promover, incitar y propugnar el desarrollo social y político de la sociedad través de la producción de conocimiento, la definición y análisis de los contextos sociales y, muy en especial, de los problemas y necesidades sociales.
Desafortunadamente, en la actualidad estas funciones societales, las que legitiman la existencia de la universidad pública, se ejercen sólo de forma marginal. A lo largo de las últimas décadas, el Estado y poderosos grupos empresariales han minado el cumplimiento de las tareas sustantivas de la universidad pública al presionarla a que busque los recursos para su financiamiento en el mercado. Para ‘incentivarla’ le han disminuido fondos públicos; y han mercantilizado sus funciones educativas y formativas. Hoy, muchas universidades públicas pretenden contribuir sólo a la actualización tecnológica de los grupos productivos y generar mano de obra calificada, competente y eficaz, pero despolitizada, acrítica y dócil.
Las rectorías universitarias se han olvidado de estimular una mayor participación social y política incluso al interior de sus instituciones. Para ellas, no hay nada más temible que la acción colectiva crítica de estudiantes y profesores; por ello amedrentan todo esfuerzo de movilización tanto dentro como fuera de la universidad. De manera paralela, se han visto restringidos los espacios de reflexión crítica y dialógica, base elemental del trabajo académico, particularmente de la producción de conocimiento científico y la formación crítica de los futuros profesionales.
A ello se agrega que las fronteras entre la universidad pública y la privada se han difuminado a lo largo de las últimas dos décadas. Las universidades públicas siguen ahora a las privadas al priorizar la docencia y lucrar con cursos de capacitación y/o actualización para el trabajo, al tiempo que reducen los tiempos, espacios y recursos para la investigación e intervención social. Asimismo, han recrudecido los filtros de entrada agudizando así la desigualdad social y la marginación de sectores sociales ya tradicionalmente desfavorecidos; esto vinculado con el alejamiento de una racionalidad social; preocupada y ocupada por las distintas problemáticas sociales y por una educación de calidad. Contrario a ello, impera una racionalidad tecnócrata, cuya visión desarrollista está enfocada en los procesos y toma de decisiones administrativas priorizadas sobre las de tipo académico, emulando con esto a la industria y la universidad privada.
La producción relevante ahora es la de corte tecnológico, enfatizándose el desarrollo de patentes y creación de tecnología para la industria; por tanto, la propia responsabilidad social adquiere una connotación distinta, perdiendo su visión de aporte y servicio social en términos de la construcción de una mejor sociedad; en lugar de permitir la conexión entre la producción de conocimiento y el proyecto de nación, ahora la supuesta responsabilidad social termina reducida a la creación de mercancía que permita la reproducción de capitales.
Esta omisión de las funciones críticas de la universidad pública es grave, ya que contrasta con el cambio de rumbo que la sociedad mexicana requiere. En lugar de enfocarse en su aporte al proyecto de nación y un enfoque en derecho para la población, que recupere el centro de atención en términos de su responsabilidad social, las universidades públicas parecen haber girado hacia la visión neoliberal. ¿A qué tipo de sociedad pretenden contribuir las universidades públicas en el país? Al interior de las IES no se habla de ello, al contrario. La sola visión de una universidad masiva y gratuita es temida y evadida. La discusión al respecto se pospone o cancela. Dentro de las IES permanece un silencio inaceptable.
Boaventura de Sousa Santos ha subrayado que la universidad es un “bien público” que trasciende a las propias instituciones. Por ello, es imprescindible que vayamos en esa dirección. Abramos entonces el debate sobre la universidad pública. Llevemos el tema a nuestras clases, a los seminarios que organizamos, a la comida entre colegas, a los eventos sociales que se organizan en nuestras instituciones. Somos millones de universitarios. Alcemos nuestra voz, asumamos nuestra responsabilidad universitaria. Por el bien de nuestras universidades y por el bien de nuestro país.
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