El modelo neoliberal educativo impuesto en las instituciones de educación superior (IES) se encuentra en una etapa de descomposición avanzada de forma que cualquier acción realizada para tratar de rescatarle, acelera más su estado de putrefacción. Ejemplo de ello es la dificultad para que las universidades públicas abran espacios para la contratación de profesores e investigadores jóvenes. Según CONACYT, en 2017 se graduaron alrededor de 97 mil estudiantes de maestría y doctorado, cifra que se está incrementando 7 por ciento cada año; empero menos del 0.5 por ciento de esa población se está colocando en las IES,[1] lo que implica una sobreoferta de recursos humanos, situación a la que se enfrenta esta nueva generación de profesores e investigadores. La verdad es que después de pasar de 2 a 10 años de formación en programas de posgrado, los jóvenes vislumbran un mercado laboral incierto, donde son escasas las oportunidades de enrolarse en una universidad que les permita desarrollarse como científicos. La crisis es tal que en la mayor parte de las IES, los profesores e investigadores que están en tiempo de jubilarse, no lo hacen pues perderían hasta tres cuartas partes de su ingreso bruto proveniente de estímulos, por lo que recibirían una jubilación raquítica, por lo que es común agoten al máximo su estadía laboral aun y que hace mucho tiempo no estén frente a grupo ni dirijan investigación alguna.
Esta situación, junto a la reducción del gasto público para la educación está mermando la posibilidad de renovación generacional, por lo que los nuevos profesores e investigadores se colocan no en la universidad de sus sueños, sino en la que les abra la posibilidad de incursionar en el ámbito académico, otros al no encontrar oportunidad laboral en una universidad, se abren camino en trabajos donde generen ingresos como la consultoría, gobierno y programas de responsabilidad social empresarial. La complicidad de los sindicatos, el nepotismo, el compadrazgo y la corrupción universitaria hacen que las plazas disponibles en las grandes universidades lamentablemente tengan nombre y casi apellido. Se publican convocatorias “a modo” sólo para legitimar los procesos de selección. Por ello, cuando a un o una joven recién egresada se le invita a cubrir una plaza laboral “en el lado obscuro de la luna” en una universidad de talla “patito”, la acepta sin remilgo alguno. El problema de estas plazas es que se crea un ambiente perfecto para la precarización del trabajo, puesto que el nuevo profesor investigador debe mostrar, más que actitudes de desarrollo científico, una alta lealtad institucional a la administración que “le está haciendo el favor de contratarlo”. En la mayoría de las universidades el tiempo “que se pone a prueba” el joven investigador incluye saturación de horas docencia, comisiones administrativas, presión para ingresar al Programa de Desarrollo Docente (PRODEP), así como al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y claro, la madre de todas las pruebas: “ponerse la camiseta de la institución”, lo cual implica aceptar toda actividad o norma no escrita pero que forma parte de la cultura organizacional, fuera de la ley y nunca remunerada. Estos contratos van de los 6 meses al año. Si el/la joven muestra “capacidad de servicio académico”, se le renueva el contrato, si no sale de la IES bajo la premisa – siempre amparada ante la ley – de que “se terminó su periodo de contrato laboral”.
Lamentablemente, la idea romántica de la academia que nos construimos cuando somos estudiantes de posgrado, no existe y nos damos cuenta de esto cuando ya formamos parte de ella. Infinidad de prácticas deshonestas entre colegas para cumplir los indicadores de las instituciones y obtener reconocimiento laboral como el “yo te pongo en el artículo y tu me pones a mí”, la depredación de la ciencia para obtener un estimulo económico que permita fortalecer el raquítico ingreso como realizar consultorías para obtener ingresos extras y no con objetivos académicos, la valorización cuantitativa más que cualitativa de la producción científica, el regateo de recursos para la investigación, el abuso de poder de la elite administrativa, así como el hostigamiento laboral y sexual son situaciones que dentro de las IES están normalizadas. La UANL que se dice universidad de excelencia internacional, no es ajena a este esquema de precariedad laboral, pues múltiples son los casos que -en complicidad con su sindicato blanco- se viola la ley bajo la premisa de que “así empiezan todos”.
El filtro en la UANL inicia desde que los trámites de contratación se ponen en marcha, pues entre los requisitos están varios análisis de la salud del/la aspirante que se realizan en el hospital universitario. Si el/la candidata/a tiene tatuajes, alguna enfermedad crónica/degenerativa o, en el caso de las mujeres, está embarazada, la contratación no procede por más que sea contrario a la ley, Es obvio que no se le notificará al sujeto el motivo. No obstante, se sabe de múltiples casos en que así ha sucedido. En caso de pasar este filtro, la mayoría de las facultades explotan laboralmente a los nuevos investigadores haciéndoles cubrir un exceso de horas frente a grupo de licenciatura y posgrado, asignándoles un número alto de asesorados y comisiones administrativas. Se trata de situaciones tan normalizadas en la UANL que entre los mismos compañeros corren apuestas para ver “ si el nuevo(a) aguanta”. En el peor de las situaciones han existido casos donde los/las jóvenes investigadores/as son contratados/as por recursos propios con la carga académica ya mencionada pero sin un contrato de por medio, lo que implica un pago por honorarios, la retención del ISR y por ende, ningún tipo de prestación laboral incluidos los servicios médicos.
En el transcurrir del tiempo ya como trabajadores activos de la UANL ¿cuántas veces no hemos conocido de casos de compañeros profesores e investigadores jóvenes que han sido víctimas de tratos indebidos, violencia laboral o abuso de poder por parte de la élite directiva? En esas ocasiones siempre nos hemos preguntado ¿qué hace el sindicato al respecto? En un caso reciente y muy divulgado por los medios de comunicación de una joven investigadora, que se supo fue víctima de acoso y violencia laboral por parte de su director, ésta buscó ayuda del sindicato –STUANL- para que le apoyarán en la resolución del conflicto, puesto que el caso ya había llegado con el abogado de rectoría con el riesgo de finiquitarla bajo la justificación que “ya no es indispensable” para su facultad. La respuesta del sindicato ante la solicitud de demanda laboral por despido injustificado fue “que no podía proceder pues si (el STUANL) intervenía, el rector lo podía tomar mal”.
La precarización del trabajo, la normalización del acoso y la violencia laboral son situaciones a las que los jóvenes profesores e investigadores se encuentran día a día. Casos como el anterior existen y seguirán existiendo mientras no haya transformación y transparencia en los formatos de contratación y mientras no exista una organización gremial que proteja los derechos laborales. La idea del sindicato universitario único está caduca, puesto que el STUANL ha perdido su identidad de representación política. Ha adoptado una postura de complicidad y ceguera ante diversas injusticias en contra de los derechos e intereses de los trabajadores universitarios. El sindicato se ha transformado en un ente deforme que vive a la vieja usanza de los sindicatos charros, con falta de transparencia en el manejo de sus recursos y con falta de democracia interna, el simple hecho que en las últimas décadas las elecciones para renovar el comité ejecutivo del STUANL, fuera por planilla única, lo dice todo. Y no, no es muestra de unidad, es creer que los sindicalizados somos no pensantes y que las relaciones laborales en la UANL no presentan problemas. El ejemplo es muy evidente dentro de las facultades, donde sus delegados seccionales son elegidos por el director en turno, hacen el trabajo sucio de espiar a sus propios colegas notificando inconsistencias de lealtad y sirviendo como contención a las diversas problemáticas nunca solucionadas.
La idea de independencia sindical como vía alterna a la organización gremial sería un paso para lograr la estabilidad en el empleo de los trabajadores universitarios, no sólo de los investigadores basificados, si no también por contrato, en abrigo de las nuevas generaciones tal como está sucediendo en la Ciudad de México con la Asamblea de Profesores de Asignatura de la UACM y la Academia Mexicana de Científicos Precarios. #SinDerechosNoHayCiencia.
[1] CONACYT (2017). Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación México 2017. México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En línea: https://www.siicyt.gob.mx/index.php/estadisticas/informe-general/informe-general-2017/4813-informe-general-2017/file
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