Durante la situación de crisis sanitaria enfrentada a nivel global durante el último año ha resurgido el debate respecto a temas elementales como el de la salud como derecho humano fundamental y derecho social de la población, constituida en un bien público universal, o contrario a ello, su trato cada vez más acentuado como mercancía que se vende al mejor postor y que en tanto constituye un privilegio reservado a las élites de la sociedad.
El concepto de salud como es entendido en la actualidad tiene un desarrollo histórico que parte de diferentes modelos e interpretaciones, nunca ha sido neutral, por el contrario, siempre ha sido fuertemente influido por una élite hegemónica y dominante. De esa manera, la salud va más allá del enfoque biomédico y su consideración limitada al proceso de salud-enfermedad, sino que para su entendimiento y comprensión deben ser retomadas sus raíces históricas, políticas, económicas, sociales y culturales, las cuales atraviesan su concepción (Martínez, 2021).
En el debate de las últimas décadas predomina la concepción de la salud como un derecho humano fundamental, mismo que debe ser garantizado como bien universal, un bien público al que debe acceder toda la población. Este constituye un debate establecido durante los últimos 70 años, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Martínez, 2021). Sin embargo, a la par de este, se han instalado y recrudecido políticas de corte neoliberal, notorias a partir de los años ochenta, que presionan para su trato como mercancía y privilegio reservado a ciertos grupos sociales.
En el caso de México y en función de la definición de pobreza multidimensional, el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social considera derechos para el desarrollo social “la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Diario Oficial de la Federación, 20/01/2004). Por tanto, no acceder a la salud, así como a la educación, entre otras necesidades humanas y sociales, son conceptualizadas como carencias sociales en la población, siendo consideradas como derechos sociales y con ello un bien común que deben ser garantizados para toda la población.
Contrario a ello, durante los últimos años se observan acciones que muestran el recrudecimiento de políticas neoliberales presentes en la disminución del gasto nacional en salud, así como en los niveles de privatización de la atención médica de la población. Ello se evidencia ante el señalamiento de la OCDE en 2018 hacia México por ocupar el tercer sitio con menor gasto total en salud al 2016, correspondiente a 5.8% del PIB en comparación con el promedio del grupo correspondiente a 9%. El gasto público en salud fue de 3% en ese mismo año, constituyéndose en el más bajo al interior de la OCDE; contrario a ello, el gasto privado en nuestro país correspondió al más alto entre los miembros de la OCDE puesto que 41.4% fue gasto realizado directamente por las familias mexicanas y 6.5% a través de aseguradoras privadas (CONEVAL, 2019).
El sistema de salud mexicano, además de ser fragmentado y empobrecido presenta escasa cobertura de la población, evidente en el análisis de CONEVAL respecto a la disponibilidad de recursos especializados para atención médica, según el cual en 2015 la proporción de médicos y personal de enfermería en México fue de las más bajas comparada entre los países miembros de la OCDE, correspondiendo a 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, mientras que el promedio de la organización fue de 9 (OCDE, 2018, retomado por CONEVAL, 2019). Otro aspecto complicado fue la disponibilidad de camas, correspondiente en el mismo año a 1.5 por cada 1,000 habitantes, por debajo del promedio de 4.7 en la OCDE, colocando a nuestro país en el segundo nada honroso sitio de país con menor número de camas (OCDE, 2018, retomado por CONEVAL, 2019).
Si a ello se suma la creciente privatización de la atención médica, se entiende que desde 2014 el sector privado concentrara más de 69% de las unidades hospitalarias para la población afiliada a seguros privados, correspondiente a 3.2 millones de personas; mientras que el Seguro Popular y el IMSS contaban con 18.3 y 6.3% de estas, para brindar atención médica a una población correspondiente a 55.6 y 43.4 millones de mexicanos de manera respectiva (CONEVAL, 2019).
De esa manera llegamos a la situación de crisis sanitaria enfrentada por la pandemia, con grandes limitaciones en términos del difícil y complicado acceso a la hospitalización en numerosos casos de COVID-19, particularmente en quienes al enfermar y mostrar complicaciones fueron mantenidos en condiciones no adecuadas, o fueron rechazados para su ingreso en áreas hospitalarias, justificándose ante la saturación hospitalaria por la tendencia creciente de los contagios. Ello fue observado tanto en hospitales públicos como privados, en tanto los últimos exigieron un pago por adelantado para ser ingresado, en el caso de Monterrey fluctuó entre 200,000 y 400,000, ello aún con quienes contaran con una póliza de seguro médico para hospitalizaciones por enfermedad y/o accidente.
La justificación de tal acción, a decir de las compañías aseguradoras y el personal administrativo de los hospitales, se debe al descubrimiento de que en la mayoría de los casos el seguro que se tiene es obtenido a través de flotillas, acuerdos colectivos que disminuyen los costos del mismo y bajo el supuesto de que por tanto, presentan baja cobertura en montos para el tratamiento hospitalario por COVID-19. Fueron numerosos los casos que a pesar de contar con una póliza no lograron acceder a un área de hospitalización privada y acudieron a los hospitales públicos, con la tranquilidad de que estos tienen excelentes especialistas, pero ante una evidente inoperancia de las compañías de seguro médico. Una evidente mercantilización de la atención hospitalaria que incrementó en el periodo los niveles de exclusión social entre la población, situación preexistente a la pandemia, observada en la marcada división señalada entre los sectores públicos y privados de atención médica.
Las políticas de exclusión social no quedaron limitadas a estas medidas económicas y políticas de parte de la administración de hospitales privados, sino que se fueron extendidas con la participación de instituciones financieras, especialmente las compañías aseguradoras, que además de incrementar de forma significativa los montos establecidos para la obtención de dichas pólizas de seguro; han sumado a ello el rechazo a la incorporación en estas pólizas de individuos que enfermaron de COVID-19 o enfrentaron contagio durante la pandemia. Para ello cuentan con acceso privilegiado a información, incluso confidencial, derivada de instancias de salud públicas y privadas, especialmente: laboratorios, clínicas u hospitales, o incluso bases de datos oficiales que den cuenta de ello.
Estas medidas evidencian el recrudecimiento de políticas fuertemente mercantilizadas y excluyentes en la atención médica de la población, que además partiendo de un claro estigma social intensifican las medidas de exclusión social con criterios “aparentemente médicos” atravesados fuertemente por el supuesto económico de riesgo, que además utilizan información privilegiada y relevante en torno a la pandemia. Consideramos de gran relevancia que estos temas sean abordados de manera interdisciplinaria y a la luz de la mirada pública, sin ocultar aspectos relevantes de la salud pública, destacando en estas las medidas de inoculación masiva a la población con vacunas de muy diverso origen y sin un análisis amplio y profundo de las implicaciones que ello conlleva. Son omitidos muchos temas de salud pública, como lo es el uso de estas vacunas autorizado únicamente como situación de emergencia y sin que la población pueda decidir respecto a cuál de ellas acepta recibir.
Son temas relevantes también para la academia y el personal universitario, quienes suelen constituir parte de los colectivos que acceden a estas pólizas de seguro médico por flotilla, encontrándose por tanto en la situación señalada. Algunas interrogantes que consideramos tendrían que abordarse a la brevedad por las ciencias sociales son: ¿el acceso a las instituciones de salud especializada se ha tornado en algo exclusivo para ciertas élites? ¿En qué medida se verán acentuados los niveles de desigualdad y pobreza entre los colectivos a partir de estas medidas? ¿Se ha tornado el contagio por COVID-19 en la nueva lepra social que conlleva al recrudecimiento de las estrategias de exclusión social entre los colectivos?
CONEVAL (2019). Principales retos en el ejercicio del derecho a la salud. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Diario oficial de la federación (2018). Ley general de desarrollo social 2004. Últimas reformas 25/06/2018. Cámara de diputados del Honorable Congreso de la unión. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf
Martínez, E. (2021). La salud en tiempos de pandemia: mercancía o derecho, privilegio o bien público. 8ª clase impartida por Esperanza Martínez, exministra de Salud Pública y Bienestar social de Paraguay, en el curso “Estado, política y democracia en América Latina”. Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales ELAG y Grupo de Puebla. https://americalatina.global/clase-8/
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