Ilustración: Guillermo Préstegui
La implantación de la política neoliberal en las Instituciones de Educación Superior (IES) en México, fue puesta en marcha a mitad de la década de los ochenta, con la llamada “modernización de la política educativa”, que tenía como objetivo incrementar la calidad educativa y mejorar el desempeño docente. Bajo la ideología del Fondo Monetario Internacional (FMI), el plan era impulsar la modernización de la educación fortaleciendo la relación entre financiamiento y evaluación, es decir, disminuir el gasto público en educación, implementar un sistema de estímulos relacionados con la evaluación docente y promover la competencia entre las IES para la obtención de mayores recursos, que de manera general implicaba trabajar más con menos recursos.
El Programa para la Modernización Educativa estableció que para llegar a la excelencia académica de sus instituciones, así como mejorar el desempeño de sus docentes, había que reordenar la eficiencia de las IES, generando fuentes alternas de financiamiento y fortaleciendo mecanismos de coordinación y planeación institucional; la formula para el alcance de este objetivo se centraba en la evaluación. Así fue como se establecieron lineamientos de “calidad, eficiencia y productividad” como medios para lograr la excelencia académica de las IES y sus académicos.
Siguiendo la lógica del capital y del mercado mundial, fueron deshomologados los salarios de los académicos con el objeto de “promover el crecimiento de su productividad y la calidad del trabajo que realizan”, siendo el Programa de Estímulos al Desempeño, la vía para que su salario se viera favorecido en apoyo de la crisis salarial que se vivía en México desde 1980. Es así que para mejorar el desempeño docente, se estableció un sistema de recompensas al mismo estilo del sistema de estímulos que opera en el sector privado, por lo que cada docente o investigador que lograra un mayor número de producción en docencia, investigación, gestión y divulgación, obtendría un mayor incentivo económico.
En su inicio, el programa de estímulos cumplió su función compensatoria al deterioro salarial; sin embargo con el tiempo el sistema se ha pervertido, transformando al académico en un ente enajenado del tabulador que gobierna la actividad académica de las IES, ya que los salarios reales no se vieron favorecidos al mantenerse congelados, por lo que el estímulo económico ya no es compensatorio, sino que ahora es parte sustancial de su ingreso económico y va de un 50 a 70% del ingreso mensual, por lo que no hay otra opción que someterse a las evaluaciones. El pago por mérito, hace que el académico entre en una lógica de competitividad de mercado en el que, quién más produce, más reconocimiento o valor obtiene, por lo que cada producto adquiere un valor de cambio medido por puntajes preestablecidos por las IES. De esta forma el tabulador académico implícitamente somete al docente a un ritmo de producción al que se tiene que adaptar para lograr la competitividad necesaria para acreditar su evaluación y lograr un más alto estímulo, lo que tiene como resultado que la calidad de lo producido quede en duda, pues la producción masiva demerita la calidad del producto generado. Por tanto la generación de conocimiento como plusvalía en la generación del producto se pervierte y pierde su significado: el producto en sí se compara con una mercancía, pues el objetivo es alcanzar un estímulo económico más alto.
Entre los programas de estímulos económicos establecidos para ello, se encuentra el Sistema Nacional de Investigadores y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. El primero de ellos surge en 1984 para promover la calidad de la investigación científica y tecnológica, así como para fortalecer a través de la evaluación a la formación y consolidación de investigadores; para acceder al estimulo económico el docente-investigador se tiene que someter a una evaluación realizada por grupo de pares, los cuales determinan la categoría a la que se pertenece; su evaluación es de 3 a 4 años dependiendo de la consolidación del investigador. El segundo estímulo tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes; sólo se otorga la primera vez que el docente-investigador se evalúa, pero se tiene que someter ésta cada 3 años a dictamen para mantener el nombramiento.
La tercera modalidad de estímulos depende de la IES a la que se pertenezca; generalmente se refiere a la trayectoria sobresaliente, a la docencia e investigación. Al igual que los otros Programas de estímulos, estos provienen de recursos federales y en teoría deben estar regulados por una normativa para su otorgamiento en cada IES. De las tres modalidades, ésta es la más cercana al académico en el sentido que es la misma IES donde labora la que regula su otorgamiento, por lo que es más susceptible de manipulación, pues a pesar que están regulados por una normativa -poco transparente- están más ligados a un sistema mecanicista, cuantitativo y meritocrático, en el cual quien responde a los intereses políticos-económicos y/o quien tiene mejor relación con la élite administrativa, goza de mejor nivel de estímulos.
Los efectos perversos de los programas de estímulos, implican la mecanización de la productividad, la construcción de asimetrías, tanto en la comunidad académica, como en la generación de conocimiento, así como la brecha salarial meritocrática entre los alineados y los que no lo son. A ello se suma una serie de situaciones de las que poco se habla: las implicaciones negativas en el ámbito familiar, personal y de salud, pues la sobrecarga de trabajo para publicar, mayores horas de investigación/docencia y las complicadas y constantes evaluaciones, conllevan al deterioro de las relaciones familiares, poco tiempo para disfrutar de actividades lúdicas, una falta de actividad física y la presencia de manifestaciones negativas sobre la salud como distrés, disfonía y trastornos psicosomáticos, en las cuales las mujeres son mayormente afectadas por la doble o triple carga de trabajo, ligado a su condición de género.
En un amplio sentido, los programas de estímulos deben ser repensados no bajo la lógica neoliberal, sino en la dirección de generar efectos positivos para el docente y en el fortalecimiento de sus ingresos. Ya se ha visto que la política de deshomologar los salarios de los académicos para incentivar la productividad vía estímulos económicos, no arrojó los resultados esperados, pues se ha mercantilizado la generación de conocimiento, se han abierto brechas sociales entre los mismos docentes, entre éstos y la estructura organizacional, y la salud mental se ha visto fuertemente deteriorada; los programas de estímulos hoy día son meros instrumentos neoliberales de supervisión y control, son un sistema de premios o castigos que ha fomentado la simulación y el fraude académico, la individualidad del trabajo y la fragmentación salarial.
Estamos en el momento de impulsar nuevas políticas educativas que consagren la educación superior como la vía distributiva para el mejoramiento salarial de los académicos. Más que hacer un control de la producción numérica se necesita revalorar la función académica en favor de la generación de conocimientos y de una restitución de sueldos dignos sin condicionamientos. Si bien es cierto que algunos especialistas en el tema apuestan a la desaparición de estos sistemas, estamos ante un momento histórico en el que se tiene que revalorar la autoconciencia para observar e identificar la obsolescencia del sistema de estímulos.
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