Ilustración: Amalie Torres
Mientras esto se escribe aún no se disipa el polvo levantado por miles de mujeres que han marchado en las ciudades más importantes de México en la conmemoración del 8 de Marzo, Dia Internacional de las Mujeres, que tuvo como demanda poner fin a la violencia feminicida y las diversas violencias hacia las mujeres. Asimismo, el lunes 9 se llamó a realizar un paro de mujeres con el lema de “ni una mujer en la calle o en el trabajo”. Dada la heterogeneidad social del sujeto de dichas movilizaciones, las mujeres, se ha gestado una polémica política entre quienes ven a las movilizaciones como un ariete en contra del gobierno actual y una oportunidad de fuerzas políticas desbancadas de remontar su pérdida de relevancia.
Pero el movimiento de mujeres tiene bases sociales genuinas y la radicalidad de sus demandas inhiben cualquier intento de manipulación de cualquier lado del espectro político -vengan de la izquierda o la derecha partidista- y aunque aún existen asignaturas pendientes de discutir en el feminismo –como la descolonización de su discurso para permitir articulaciones con mujeres trans, indígenas y afrodescendientes- su avance en los últimos meses ha sido significativo. Dicho avance se relaciona por un lado con la ventana creada por la coyuntura de un nuevo gobierno que declaró al llegar al poder presidencial que no reprimiría las manifestaciones públicas y por otro con el aumento desmedido de los feminicidios y los casos de violencia contra las mujeres. La heterogeneidad del feminismo permite también que coexistan en él expresiones diversas, desde las más liberales y académicas ligadas a la visión del reformismo social a través de cambios en las políticas públicas, hasta el feminismo de la acción directa y anticapitalista expresado en las colectivas universitarias y aquellas ligadas al movimiento indígena nacional y al zapatismo.
Puede ser verdad que en otros momentos, esta complejidad política haría difícil la acción política unitaria, pero dado el avance incontenible de la violencia feminicida y su expresión en casos criminales hechos públicos contra mujeres y niñas de un sadismo y virulencia inusuales, las diferencias han dado paso a la capacidad de articulación para enfrentar una situación extraordinaria que bien parece una guerra contra las mujeres que trasciende las diferencias de clase social y étnico-culturales (pero que afecta en mayor medida a las mujeres pobres, morenas e indígenas). En este contexto, una convocatoria de una colectiva local de Veracruz ha prendido como una chispa en campo seco sobre el clima general de hartazgo y rabia contenida de las mujeres ante el aumento desmedido de la violencia y la incapacidad de las estructuras institucionales para detenerla.
Las Universidades públicas (y privadas) no han estado exentas de este clima de combatividad de las mujeres. Desde 2017 por lo menos, y al amparo de la construcción de espacios de denuncia en espacios y redes digitales como #MeToo, las estudiantes universitarias han alzado la voz para denunciar el acoso sexual y las diversas violencias cometidas contra ellas por profesores, estudiantes varones e incluso funcionarios y directivos, todo lo cual muestra cómo la deriva violenta del estado mexicano tiene una de sus expresiones más acusadas en la violencia de tipo patriarcal que atraviesa espacios e instituciones de todo tipo. La creación de un movimiento estudiantil dirigido y formado casi exclusivamente por mujeres en la UNAM, movimiento que se ha expresado de manera cruda y directa, es sintomático del nivel de hartazgo por la violencia presente en las aulas universitarias y de la decisión de las mujeres de responder a ella con audacia y fuerza.
En el contexto regiomontano el clima de acoso, hostigamiento y violencia sexual contra las mujeres, no es diferente al del resto del país. El movimiento #AcosoEnLaU ya ha dado cuenta de casos bien documentados que han sido denunciados ante las autoridades universitarias, pero que no han tenido una respuesta adecuada por parte de la UANL. Pues a pesar que se han creado espacios como la Unidad para la Igualdad de Género (UNIIGENERO) y la Comisión para la Investigación en Igualdad de Género (CIIGEN) del Consejo Universitario, estas instancias hasta ahora han servido solo para contener al interior de la universidad los casos y que éstos no sean ventilados al exterior.
Y no sólo hay violencia física o psicológica contra las mujeres en los espacios universitarios. En muchos sectores laborales en México se presentan diferencias salariales y de condiciones de trabajo que discriminan a las mujeres. Sin embargo, en el ambiente universitario, las mujeres se han ubicado como fuerza de trabajo en oficinas, trabajos de intendencia e incluso cátedras –sobre todo en las escuelas de humanidades, artes y ciencias sociales- en un sector que carece de condiciones de trabajo dignas. Las universidades públicas han aprovechado el trabajo femenino para contar con mano de obra de menor costo (en relación a los varones). No es un secreto -por lo menos en la UANL- que los más altos salarios y estímulos pertenecen a los varones.
En la universidad prevalece un símil del sistema patriarcal en la configuración jerárquica de los puestos de coordinadores, directores de facultades, secretarios y rectores, pues impera la hegemonía del caciquismo varonil. Es tan simple como hacer una sumatoria para darse cuenta que predominan las decisiones tomadas de manera unilateral que emula la dominancia del poder arbitrario que durante mucho tiempo ha blandido la estructura de poder centrada en el varón. Sólo la apertura de la sociedad para que las mujeres tuvieran la misma oportunidad de estudio que los hombres, logró al menos que se llegara en muchas escuelas y facultades a una virtual paridad de género en el acceso, pero la cultura burocrática y de toma de decisiones sigue premiando los valores del dominio patriarcal. El mayor signo y evidencia de fracaso de la supuesta paridad de género en la universidad es que las facultades “fuertes” como las de ingeniería y ciencias exactas son avasalladoramente tomadas por hombres que buscan reproducir la acumulación material clásica de los varones que tomaban el poder en las profesiones duras, competitivas, ligadas a los procesos productivos, mientras que las facultades con áreas de conocimiento más “suaves”, como las humanidades y las ciencias sociales, dejan la puerta abierta sobre todo a las mujeres, reproduciendo la idea de que estas profesiones son para que se ejerzan como un complemento al trabajo del hombre proveedor. Lo paradójico de ello es que en universidades como la UANL, aún las escuelas que son encabezadas por mujeres reproducen esquemas de orden patriarcal, emulando un sistema organizacional de premios y castigos donde los más favorecidos siguen siendo los varones.
En Monterrey, las movilizaciones por el día 8 han arrojado un saldo importante de capacidad organizativa del movimiento feminista local, aproximadamente 30 mil mujeres marcharon en el primer circuito del centro de la ciudad, en torno a la Macroplaza, desembocando en la Explanada de los Héroes donde han emitido una declaración política contundente en contra de la violencia contra las mujeres y la inoperancia del sistema estatal para responder a ellas. Dentro de los contingentes participaron las estudiantes universitarias de la UANL que corearon consignas como “¡Rector escucha, protege a tus alumnas! ¡Rector escucha ya no los encubras!” en la exigencia de que las autoridades universitarias arropen a sus estudiantes mujeres contra la violencia de género, y se pare de encubrir y se sancione a estudiantes, profesores y administrativos acusados de diversos casos de violencia, así como para contar con protocolos efectivos y transparentes, y de reparación del daño a las víctimas. Al cierre de esta editorial, la UANL por medio de la Comisión para la Investigación en Igualdad en Género (CIIGEN) dio a conocer que se dieron de baja a 4 profesores y 1 alumno por acoso sexual. Sin embargo, la poca transparencia en el procedimiento de sanción que le permite al agresor salir inmune del proceso, como el no hacer públicos los nombres de los acusados y sus sanciones, ponen en duda su real intención de combatir el problema. Por esta ausencia de voluntad política de atacar la violencia de género, los colectivos estudiantiles de mujeres han convocado a nuevas movilizaciones, entre otras, una manifestación en la explanada de rectoría para protestar por el caso Carina y Katherine de la Facultad de Derecho -agresión física y verbal debido a orientación sexual diversa- así como contra la violencia y acoso de profesores en la Preparatoria 23 de Santa Catarina.
La marcha histórica del 8 de marzo es la cristalización de varios años de concientización que tiene como base las desigualdades de género, la violencia, el hostigamiento y los actos feminicidas, un movimiento que no está exento de tensiones y enfrentamientos con autoridades municipales y estatales. Desde Tesis 11, como colectivo universitario, hacemos votos para que no sea la culminación de esta oleada, sino el inicio de movilizaciones y acciones colectivas mayores que contribuiremos a visibilizar.
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