La educación es un derecho fundamental reconocido por la mayor parte de cartas magnas de los estados del siglo XXI. No obstante, tal reconocimiento no está exento de la politización de lo social; lo cual convierte a la educación en un medio para reproducir un sistema de opresión basado en la meritocracia y en las demandas de la Economía. En este sentido el ser humano alcanzaría el éxito mediante el cumplimiento de ciertas reglas, pruebas y/o requisitos indispensables para poder promocionarse en un sistema de grados o logros, lo cual tiene como resultado o meta la obtención de un título (previo pago de las tasas correspondientes de titulación y cédulas) que da acceso a un determinado tipo de empleo y/o estudios de una mayor cualificación.
Este procedimiento impera en la mayor parte (o quizás en la totalidad) de las universidades mexicanas, y en mayor o menor medida está socialmente aceptado por el alumnado, el profesorado y la población en general. No es objeto de esta reflexión dialogar en torno a la pertinencia o no de la meritocracia en el sistema educativo; sino enfatizar la medida en que la acción política influye en los procesos meritocráticos del alumnado universitario. Puede servirnos como caso ejemplar de esta problemática, lo que sucede en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano (FTSyDH), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que pudiera representar uno de los capítulos dantescos del Inferno de la “Divina comedia”. Y es que el efecto de la meritocracia no solamente concierne al alumnado; en la estructura piramidal de gobernanza de la facultad, la dirección y codirecciones, las jefaturas, las direcciones de departamento y la obtención de estímulos por parte del profesorado, también utilizan la meritocracia para la obtención de puestos o cargos (con los respectivos salarios y estímulos adscritos). Todo ello mediante procesos de simulación democrática, en los que prima la alineación con la “abeja reina” y la inexistencia de conductas críticas hacia la gestión del enjambre.
Estos procesos son los encargados de elegir a la persona que “supuestamente” posee una mayor cualificación para ejercer las funciones de dirección de la facultad o subdirecciones (de licenciatura y/o posgrado). No obstante, el hecho de no hacer públicos los méritos de los/as candidatos/as a la elección, la existencia de normas internas de la universidad que limitan a una determinada casta las opciones a poder presentarse a estos cargos o la opción del derecho a voto en la elección (como si del siglo XVIII se tratase con el voto censitario o de castas), ponen en duda tal sistema meritocrático por el cual la persona con mayor preparación y cualidades no necesariamente será la que podrá terminar por optar a dicho cargo.
Los efectos negativos de este procedimiento pueden implicar ineptitud de los mandos. Como en el caso de la actual administracion de la FTSyDH, quien en los últimos años ha realizado una gestión de tipo Thatcheriano, en cuanto a la reducción del personal y la contención del gasto. Pero tal proceso de contención, basado en un supuesto sistema meritocrático, ha implicado la reducción a mínimos de personas capacitadas para la docencia y la investigación en términos meritocráticos del CONACyT. Esta afirmación se basa en datos comprobables, pues si bien en los procesos internos de la UANL la transparencia no refiere a una cualidad institucional, a nivel federal el CONACyT sí dispone de datos abiertos que cualquier lector o interesado puede consultar. A través de los mismos, se observa cómo la gestión de las anteriores administraciones estaba asociada a un aumento considerable en el número de titulaciones de posgrado (maestría y doctorado) incluidas en el PNPC y el número de investigadores/as con acreditación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), logros que en la actual administración distan mucho de seguirse replicando.
Ahora bien, lo realmente preocupante es el mensaje que se transmite al alumnado de la Commonwealth (licenciatura y posgrado). Ya que, tras los procesos de destitución e incitación a la jubilación de profesor@s investigador@s considerados insuficientemente leales, la actual administración ha realizado reincorporaciones de docentes-investigadores al reino, sin perfil PRODEP, sin reconocimiento del SNI, con bajo impacto en la labor científica y lo que es peor en términos académicos, sin pensamiento crítico. Es decir, la reinterpretación de la meritocracia por parte de la dirección de la escuela, se basa en el alineamiento político hacia la administración, las afinidades del alumnado con la camarilla reinante, el distanciamiento con la perspectiva crítica (a la cual le tiene alergia o se diría que miedo). Tan es así que ha llegado a ofrecer al alumnado la incorporación al programa de doctorado y a las labores docentes en la institución bajo cinco premisas: (1) la asignación de las direcciones de sus tesis por parte de amigos/as de la administración, (2) elegir el tema de investigación (aunque no guarde relación con la trayectoria que ha tenido el alumnado hasta el momento), (3) la prohibición de usar autores de referencia a nivel nacional e internacional que parten del paradigma crítico, (4) tomar distancia con el profesorado etiquetado como crítico y (5) no protestar ante las decisiones de la regente. Así el alumno/a de maestría o doctorado comienza a desarrollar habilidades para poder transitar por el París Dakar del poder de la facultad, y optar a unas horas de clase o una planta.
Analizando esta situación de manera fría, pareciere que viejas formas de gestión política del siglo pasado comenzaran a retomarse y popularizarse como medios para mantenerse en el poder sin oposición. La Real Academia de la Lengua caracteriza al fascismo como una actitud autoritaria, totalitaria y antidemocrática que se caracteriza por el corporativismo.
¿Estamos frente a un revival de este tipo de políticas autoritarias? Las instituciones son la representación de lo que las personas que laboran en ellas quieren que sean; es por ello que hacer frente a este tipo de prácticas excluyentes y de sometimiento es indispensable para preservar un derecho fundamental como es la educación. Especialmente en la actual coyuntura, por la cual desde la Rectoría de la UANL se pone fin a los procesos democráticos de elección de las direcciones de las facultades (con excusa del COVID-19), y se asigna mediante libre designación a coordiador@s de las instituciones; tal y como acaba de suceder en la FTSyDH. Este hecho es insólito, pues como sabe la comunidad educativa mexicana en otras universidades si se están llevando a cabo procesos democráticos para la elección de director@s, como acaba de suceder en la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENST) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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