Cuando se hace referencia a la educación superior, por lo general se subraya la necesidad de incrementar la calidad educativa en la formación profesional, considerando como punto clave de ello la actualización del profesorado. Sin embargo, se omite el análisis de las condiciones del personal docente en las universidades, particularmente en las del sector público; mismas que se encuentran precarizadas de manera creciente, tanto en términos económicos, como de protección social; sumándose otros elementos que tendrían en conjunto que ser considerados como parte de las severas contradicciones existentes en una actividad que es demeritada por la sociedad actual.
Si bien décadas atrás la docencia especialmente en la universidad pública fue considerada una ocupación privilegiada, tanto por su prestigio social así como por los sueldos asignados y una “supuesta” mayor disponibilidad de tiempos para el desarrollo personal y profesional; esto se ha transformado drásticamente en la época actual, no sólo por el deterioro del ingreso obtenido como pago al tiempo y esfuerzo realizado en la impartición de cursos y demás actividades académicas, sino también por la creciente precarización de las condiciones laborales.
Dicha precarización se encuentra vinculada a una serie de elementos entre los que destacan: ser una profesión sometida de manera continua al escrutinio interno y externo de las instituciones a través de una diversidad de formas de evaluación, vinculadas por lo general al condicionamiento para lograr mayores niveles de ingreso y que “supone” estarán circunscritos a sus niveles de productividad. Aunque en la operatividad se vean tergiversados por relaciones políticas y/o redes de poder al interior de las instituciones. Ello explica que la actividad docente sea una de las que mayor estrés generan en la época actual; gran parte de los profesores sufre padecimientos relacionados con un estrés crónico.
Aunado a la constante evaluación y la demanda de cada vez mayores indicadores de productividad en un medio altamente competitivo, se le exigen resultados positivos en cada actividad realizada, haciendo cada vez más complicado que se puedan conciliar los tiempos para sus necesidades laborales y personales. La eficiencia es sobrevalorada por encima del conocimiento en su quehacer cotidiano. Para ser estimado, el trabajo docente requiere por tanto de una alta consideración en términos de evaluación, siendo una de las ocupaciones que enfrentan en mayor medida el impacto de la gerencia social en las instituciones, por lo cual es monitoreada constantemente, en particular en función de la satisfacción del alumnado (cliente), mismo que de forma subjetiva evalúa el resultado de cada curso a partir de la percepción de los estudiantes en torno al desempeño docente y/o su implementación del programa en cuestión, sin consideración de aspectos relevantes, como que el impacto del mismo en la formación del alumnado y su contribución al perfil de egreso no pueden ser observados de manera inmediata, sino tendrían que ser estimados de manera posterior y a partir de indicadores mixtos, que den cuenta de calidad más que de cantidad.
Por otro lado, el análisis y evaluación de la docencia suele omitir gran parte del esfuerzo y tiempo aplicado por el profesional en su quehacer, considerando únicamente el tiempo frente a grupo, el cual no corresponde con el total de tiempo aplicado en su labor, invisibilizando tanto el tiempo previo a clase, utilizado en la lectura y preparación de contenidos a revisar, así como diseño de estrategias y elaboración de presentaciones y/u otro tipo de materiales para trabajar con sus grupos. Asimismo, también se invisibilizan las horas invertidas en revisión de trabajos y tareas, retroalimentación a los alumnos y evaluación del desempeño de los mismos. Si a ello se agregan actividades administrativas, comisiones, capacitación y/o actualización constante; mismas que implican en gran medida llenado de formatos y elaboración de informes, esto es otra carga de tiempo que no suele aparecer en sus horarios y evaluaciones.
Otro aspecto que acumula estrés en la docencia se deriva de la competencia constante y rivalidades entre los grupos, en ocasiones en búsqueda de estabilidad y la lucha por obtener una planta o base, lo cual conlleva un camino lleno de sacrificios, horas extras, incluso lealtades exigidas a los docentes para mejorar su situación; mismos que se suman al cúmulo de barreras y pruebas requeridas, a pesar de lo cual en la mayoría de los casos no llega dicha basificación, por darse preferencia a otros maestros considerados cercanos o incluso a parientes.
Al personal docente también se le exige la implementación en sus programas de herramientas pedagógicas innovadoras, incluyendo las de orden tecnológico, esperando que las mismas faciliten el aprendizaje de los alumnos, así como la incorporación de tareas de retroalimentación y evaluación del proceso de aprendizaje con el menor esfuerzo posible para los mismos. Esto en espera de mayores niveles de acreditación en los cursos (principal indicador evaluativo) y un aumento en los niveles de titulación, que se brinda de manera automática en varias universidades. Todo desde una nueva lógica empresarial que visualiza a los estudiantes como clientes a satisfacer.
Lo anterior sin considerar que en gran medida la planta docente en la mayoría de las universidades públicas está conformada por docentes que carecen de una planta o base, teniendo contratos que son revisados y renovados ya ni siquiera de manera anual, sino incluso por semestre, con las implicaciones de retraso al primer pago en cada renovación, un ingreso que termina siendo meramente simbólico para todo el tiempo y esfuerzo aplicado en la impartición del curso. Además, los docentes carecen de estabilidad y son excluidos de prestaciones consideras en la ley, como sucede con el tema de servicios médicos, abordado previamente en otra editorial de este sitio, así como el de seguridad social, que al obtenerse permitiría el acceso a INFONAVIT y fondo de ahorro para el retiro, entre otras prestaciones sociales, al menos durante el ciclo escolar. Así por ejemplo, la atención médica suele estar condicionada en los recientes semestres a cada vez mayor burocracia y papeleo, en tanto se exige al momento de consulta y/o tratamiento un oficio que dé cuenta de la vigencia del contrato firmado.
En resumen, es posible señalar que la docencia, en mayor medida que otras ocupaciones, enfrenta situaciones recrudecidas de precarización laboral, inflexibilidad creciente, polivalencia y competencia desmedida entre pares, sustentada en una aparente “meritocracia” y con todo esto, una marcada desigualdad entre ellos. Aunado a lo anterior, el trabajo académico se encuentra desestimado, lo cual se encuentra relacionado con varios aspectos íntimamente vinculados entre sí, entre los que destacan el escaso reconocimiento de su aporte social, así como una baja remuneración, la invisibilización de gran parte de sus tareas y tiempos, la exclusión de prestaciones sociales o bien condicionamiento de éstas, una vigilancia y/o control continuos, la exigencia de innovación pedagógica constante y la carencia de estabilidad en gran parte del personal, demandando una lucha atroz para conseguir mejorar su situación. A partir de esto, es posible comprender los crecientes niveles de estrés enfrentados por los docentes, quienes manifiestan de manera reiterada problemas de salud asociados al mismo.
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