Dos fantasmas recorren las universidades públicas en México: el fantasma de las luchas de las mujeres contra la violencia patriarcal y el de la gratuidad. Ambos provienen de luchas y movimientos sociales diversos y heterogéneos, más cercanos o más lejanos en el tiempo, y -como en el clásico manifiesto revolucionario-, hay una santa alianza erigida para hacerles frente.
En el caso de las luchas de las colectivas feministas universitarias, el principal escenario de contradicciones está ocurriendo en la UNAM, donde 9 escuelas, dos facultades y siete preparatorias y un CCH (Colegio de Ciencias y Humanidades), se encuentran tomadas por el movimiento feminista, y sus actividades académicas suspendidas, algunas desde hace varios meses. Las causas no son nuevas, pero poco se ha hecho para escucharlas con atención: en primer lugar, las acusaciones de acoso y violación sexual, misoginia, humillación y tratos degradantes cometidos contra las mujeres, estudiantes en su mayoría, a manos de académicos y/o compañeros estudiantes varones; y en segundo término, la exigencia de separar de sus puestos y abrir investigaciones contra los profesores y demás varones denunciados. La UNAM ha creado mecanismos y protocolos de denuncia en casos de violencia contra las mujeres, pero las universitarias movilizadas consideran que estos mecanismos son insuficientes o inoperantes para detener una violencia que se ha vuelto reticular y que requeriría acciones que fueran más allá de una legalidad burocrática que permaneció ciega a esas violencias durante mucho tiempo. Así pues, la toma de sus planteles aparece como una forma de acción política que busca orillar a cambios efectivos contra la violencia que tienen que sortear.
En la Universidad de Nuevo León (UANL) por otro lado, las violencias machistas son una realidad palpable tanto como en cualquier otro lugar en México. Pero las formas de lucha contra ellas revisten un carácter específico; la falta de un tejido organizativo de base estudiantil autónomo extendido, a más de décadas de supresión del pensamiento y la acción crítica y democrática, han determinado expresiones críticas esporádicas o aisladas y el uso de la denuncia anónima a través de redes sociales, como en el caso del MeTooUANL, como forma predominante de expresión. Y esto no es para expresar una comparación injusta entre las dos realidades mencionadas, sino para tratar de caracterizarlas. Con todo y lo limitado del arco político de fuerzas en el noreste, el movimiento feminista y de mujeres en Monterrey ha mostrado una enorme capacidad para crear un espacio político propio y derrumbar nociones y valores culturales patriarcales que hasta hace muy poco eran consideradas verdades incontestables. La relevancia del movimiento feminista en la ciudad aún carece de un correlato similar dentro de la universidad, pero la relación entre ambos espacios es evidente, pues una buena parte de su base social tiene o tuvo alguna relación con la universidad estatal. A finales del 2019, las feministas de dentro y fuera de la universidad albergaron -por primera vez en mucho tiempo- una expresión de protesta en un espacio considerado de uso casi exclusivo de actos oficiales, la “Flama de la verdad” en la explanada de rectoría, en donde expusieron un tendido de las denuncias publicadas en redes sociales de violencia machista ejercida por profesores universitarios en su mayoría, y exigieron a las autoridades de la universidad darles seguimiento y establecer mecanismos efectivos de procesamiento de las denuncias, pues los existentes carecen de credibilidad. Una masa crítica propiciada por un sector que no está dispuesto a jugar con las reglas del autoritarismo tradicional patriarcal parece estar surgiendo en la Uni: las mujeres.
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La gratuidad es un rumor que viene de lejos, de las demandas históricas del movimiento estudiantil posterior a 1968 y de la última gran huelga universitaria del siglo 20 en la UNAM: la huelga de 1999. Pero si hemos de ser justos, las exigencias de gratuidad se originan en movilizaciones en contra de los procesos de invasión de las lógicas mercantiles y empresariales en la universidad que llegaron con el neoliberalismo. El cobro de cuotas y/o el alza desmedida y periódica de ellas se convirtieron en la constante en las universidades públicas mexicanas, sobre todo en las estatales o regionales, en donde el tejido comunitario no alcanzó para resistir esas medidas. En el caso de las universidades llamadas “nacionales”, por encontrarse en el centro del poder político y económico de la ciudad de México, la huelga de la Universidad Nacional actuó como un acicate que impidió el alza generalizada de cuotas en la mayoría de las universidades, y en la UNAM en específico echó para atrás los planes institucionales de cobro de aranceles por completo, permaneciendo como la única universidad pública realmente gratuita del país, ello sin desmedro de la “calidad” de la formación que allí se imparte, y de su prestigio, que se ha incrementado en los años posteriores a la huelga. Esta ha sido hasta hoy una situación excepcional.
En el noreste de México, por citar un ejemplo cercano a nosotros, la UANL es un modelo de universidad en donde los cobros de cuotas por cualquier motivo y en todas las instancias se han establecido como una normalidad nociva que atenta contra el derecho de acceso a la educación superior de miles de jóvenes. Desde los primero años 90, el consejo universitario ató las cuotas generales (“de rectoría”) al alza de la inflación. Esta medida fue un disparo de salida para el alza de cuotas internas en las escuelas y facultades al punto que hoy por hoy es inviable para quien no cuente con recursos suficientes estudiar en muchas escuelas cotizadas de la UANL como Medicina, Odontología, Ciencias Políticas, Ingeniería Mecánica, Biología, por mencionar algunas. En la UANL se cobran cuotas generales y específicas de cada facultad (que se establecen sin ningún parámetro salvo la discrecionalidad de la administración de la escuela), se imponen la compra de libros y uniformes (en algunos bachilleratos) además de los cobros por trámites regulares como kárdex, certificados, historiales. El cobro de cuotas en constante alza (la cuota de rectoría tiene un alza anual sin importar la marcha de la economía) junto a los exámenes de ingreso, son dos de las fuentes principales de exclusión de los jóvenes en edad de estudiar en Nuevo León. A más de esto, la falta de transparencia y la discrecionalidad de funcionarios y directivos de escuelas y facultades sobre el uso de estos cuantiosos recursos extraídos a los estudiantes y sus familias dibujan una situación de irregularidad y anomalía en la UANL.
Por ello, es comprensible la zozobra en la que parecen encontrarse las autoridades universitarias, de la rectoría a los directores y directoras de escuelas y facultades, tras el anuncio (para ellos una amenaza) del gobierno obradorista de hacer realidad la gratuidad en todos los niveles educativos hasta el nivel superior. En los corrillos universitarios y en reuniones académicas privadas, directivos y funcionarios, hablan de la posibilidad de la cancelación de los exámenes de admisión y del cobro de cuotas (o su disminución significativa) como del inicio de una debacle. Y usando un tono perentorio, previenen de los “tiempos difíciles” que están por venir de cumplirse lo planteado por el gobierno nacional. La realidad es que, de la misma forma que muchos estudiantes, la inmensa mayoría de los docentes de la UANL solo han conocido de tiempos difíciles. Pues no importa cuán elitista y costosa se vuelva la universidad, esto no tiene repercusión alguna en las condiciones salariales y de trabajo en general de profesoras y profesores, a los que se les pide creer en la gran labor que hacen por la educación pública en una universidad que ha adoptado de manera acrítica una agenda privatizadora y mercantilizada del conocimiento y la investigación. La gratuidad es una demanda largamente acariciada por estudiantes y profesores, pero los años de plomo del neoliberalismo han dejado comunidades universitarias desmembradas y tejidos sociales desarticulados, por lo que de cumplirse la gratuidad como una directriz burocrática emanada del gobierno nacional actual, nada impediría que un gobierno con signo político distinto la revirtiera. Por ello, se haría necesario adoptar la gratuidad como una agenda de las comunidades universitarias, y en particular de la UANL. Hemos guardado un silencio irresponsable y es necesario recuperar la educación superior como un derecho básico y un bien social común; la gratuidad es solo un primer paso.
Los fantasmas de la lucha feminista antipatriarcal y el de la gratuidad de la educación superior no pueden verse en forma separada; son parte de una agenda de luchas contra la violencia y la exclusión que han conculcado derechos básicos y nos han hecho creer que la única forma de vida a la que podemos acceder es una precaria, carente de derechos e impregnada de violencia. Necesitamos descorrer ese velo de nuestras mentes y corazones y tomar las libertades por asalto. Las mujeres nos han alumbrado el camino en esa tarea.
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